Diario EXPANSIÓN – artículo 15/05/2016

Las empresas no aplican con éxito las políticas antifraude

Las herramientas de cumplimiento normativo no terminan de popularizarse en el mundo de los negocios en España, pero tampoco en aquellos países donde el ‘compliance’ está más arraigado.

No es un secreto que, salvo las grandes compañías del Ibex 35, las empresas españolas no destacan por haberse adaptar al nuevo Código Penal, que establece la responsabilidad de la compañía por los delitos que comentan sus empleados. Sin embargo, tampoco hay muchos modelos de los que aprender, porque el cumplimiento normativo tampoco es una prioridad de los directivos en las jurisdicciones anglosajonas, donde el compliance no es una novedad.

A nivel internacional, cuatro de cada diez consejeros delegados no tiene entre sus prioridades la prevención de delitos por parte de sus empleados, según se desprende de una encuesta realizada por Hogan Lovells entre más de 600 multinacionales.

En otro estudio sobre esta misma materia, realizado por Eversheds con la opinión de miembros del consejo de administración de 500 compañías, se pone de manifiesto que la percepción de los directivos es que este tipo de herramientas sólo preocupa cuando afecta a nivel económico, es decir, a los objetivos de ventas. Sin embargo, sólo en el 9% de los casos se tiene en cuenta las consecuencias legales de un fraude o un delito de corrupción, a pesar de que un único problema de este tipo puede llegar a suponer hasta la disolución de la compañía por orden judicial.

“Lo que se observa en la dirección de muchas empresas es una peligrosa resistencia a interiorizar que la política de cumplimiento ha venido para quedarse”, apunta José Luis Huerta, socio responsable de litigios y arbitraje de Hogan Lovells en Madrid. En su opinión, el riesgo es alto, porque “como la fiscalía decida aplicar con rigor el nuevo marco, muchos lamentarán haber pensado que un programa de cumplimiento no es más que un grueso -y costoso- documento que descansa en un cajón pero que se puede aplicar con laxitud en el día a día”.

Por tanto, actuar en este campo es clave. “Si las empresas consiguen detectar a tiempo prácticas cuestionables en su organización, podrán tener la posibilidad de evitar un proceso judicial, de modo que el incentivo de llevar la delantera en este sentido es crucial”, apunta María Hernández, socia de cumplimiento normativo de Eversheds Nicea.

Pero el problema persiste, ya que son pocas las compañías que cuentan con medidas realmente eficaces y que van más allá de marcar unas pautas éticas. Es más, el 59% de los directivos a nivel internacional considera que las herramientas actuales de su empresa no funcionan para evitar, por ejemplo, un cohecho.

En ocho de cada compañías, se ha detectado algún tipo de problema, según los datos de Eversheds. Y entonces, ¿qué hacen los ejecutivos? Lo más habitual es rescindir el contrato donde se encuentra algún problema, pero en menos de la mitad de los casos se informa al regulador o se acude a los tribunales.

Y lo que es peor, según el informe de Hogan Lovells, la prevención tampoco es muy popular, ya que el 43% de los consejeros delegados prefiere firmar un contrato a perderlo aunque el riesgo de corrupción detectado sea elevado.

 

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