Compliance, Prevención de delitos y Gestión del fraude

CONCLUSIONES 

  1. La evolución histórica de nuestro ordenamiento jurídico hacia la responsabilidad penal de la persona jurídica se engloba dentro de un espacio temporal muy breve, por lo que hasta nuestros días, sigue siendo necesaria una inminente unificación de los criterios legislativos y jurídicos para una concreta configuración de un nuevo estatuto procesal de la persona jurídica que solucione la inseguridad jurídica de la misma en el proceso penal. El Tribunal Supremo se implica tratando de solventar, a base de sentencias, aquellos aspectos que no se han regulado legislativamente, a la vez que marca nuevas directrices que en algunos casos se alejan de las publicadas por la Fiscalía General del Estado.
  2. Tras la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, no quedan resueltos los todos los presupuestos procesales y se mantienen ciertas dudas en instituciones como la declaración, citación, intervenciones de la comunicaciones, inviolabilidad del…

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